15 de Noviembre de 2011

Fuente: CincoDías.com

El cobro, en algunas ocasiones excesivo, de aranceles de notarios y registradores en caso de cancelación hipotecaria ha vuelto a saltar a la palestra en la cuarta sesión del 11 Congreso Notarial que finaliza hoy en Benidorm (Alicante) para conmemorar el 150 Aniversario de la Ley del Notariado. El presidente de los notarios españoles, Manuel López Pardiñas, explicó ayer que el real decreto aprobado por el último Consejo de Ministros que delimitaba el cobro de aranceles hipotecarios ofrece «serias dudas interpretativas».

«Entendemos que no existe ningún motivo para interpelar o cuestionar de la forma tan severa como se ha hecho la actuación de los notarios», se defendió Pardiñas de las recientes manifestaciones de la OCU, y añadió que los fedatarios públicos «respetaremos siempre los pronunciamientos que puedan provenir de los tribunales respecto si procede la devolución de cantidades por parte de algún notario».

Sin exoneración, según la OCU

La OCU así lo ha pedido en un comunicado que colgó el pasado sábado en su web y que ayer lanzó a los medios de comunicación. «El real decreto no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que han cobrado en exceso a los consumidores en las cancelaciones hipotecarias y que entendemos deberían devolver de oficio el excedente cobrado», reclamaron desde la Organización de Consumidores. Además, la OCU recordó que el caso sigue siendo investigado por la fiscalía, que ha abierto un expediente del que se tienen que depurar las responsabilidades por los cobros indebidos a los consumidores.

Algunos notarios han decidido impugnar las resoluciones para señalar su disconformidad. «Ha habido una serie de resoluciones del Registro que han acordado la restitución de una serie de cantidades por parte de los notarios y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa al ámbito registral, pero lo cierto es que existen aún otra serie de resoluciones pendientes».

Respecto a las cantidades que señala la OCU que tendrían que devolver (90 millones de euros), Pardiñas considera que «resulta complicado extrapolar esos datos, porque supone aventurar que todos los notarios han cobrado mal las cancelaciones hipotecarias».

Para los notarios, el real decreto que fija en 30,05 euros las cancelaciones hipotecarias vuelve a comportar nuevas reducciones arancelarias. Así, si se excede la cancelación de cinco folios, solo se va a poder cobrar por esos cinco folios, o en el ámbito de la tramitación telemática, donde prácticamente se veta cualquier tipo de cobro o cantidad que no sean los importes fijos que estipula el real decreto y que antes no estaba especificado en la norma.

«Todo esto nos preocupa porque el sector está muy castigado», advirtió el presidente de los notarios españoles. El Consejo General del Notariado, además, no quiere que la situación del colectivo pase inadvertida en este congreso. «Mientras se tramitaba la nueva norma, el Consejo General del Notariado puso de manifiesto que esta situación empezaba a comprometer desde el punto de vista económico la viabilidad del sistema notarial», alertó López Pardiñas.

El sector se queja del cambio arancelario a la baja

Las notarías dan empleo a 18.000 profesionales, aparte de los 16.000 notarios que existen en España. El presidente del Consejo del Notariado afirmó ayer que «se había hecho un esfuerzo tremendo por no reducir puestos de trabajo, pero que medidas como el real decreto del viernes empiezan ya a comprometer su viabilidad futura».

Aclaró, además, que lo que se le paga al notario no es solo como fedatario, sino que con ello paga el funcionamiento de la oficina notarial y los profesionales que la integran, cuyo perfil es muy cualificado y difícil de formar.

«En los últimos años, todas las modificaciones arancelarias sufridas por los notarios, unas 63 con el nuevo real decreto, han ido a la baja», explicó Manuel López Pardiñas. Si a esto se le suma el IPC, más las subidas salariales y la crisis económica, el resultado deja al sistema de los notarios en una situación delicada. Para el vicepresidente del consejo, Joan Carles Ollé, resulta necesario aumentar las atribuciones de este colectivo. En este sentido, abogó por la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el objetivo de desjudicializar muchas materias que no pertenecen al ámbito estrictamente contencioso.

Ollé citó como ejemplos asumir las competencias en la declaración de herederos no solo de ascendentes, descendientes y cónyuges, sino también de colaterales y resto de parientes.

Asimismo, abogó por asumir un papel en los divorcios consensuados y donde no existen hijos, pero también el vicepresidente del notariado reivindicó un rol en el nombramiento de un administrador único, en el procedimiento extrajudicial hipotecario y en el derecho concursal para los acuerdos de refinanciación empresarial.

Más salidas a quienes no pagan la hipoteca

Los notarios solicitan al nuevo Gobierno que salga de las urnas después del 20-N que elabore leyes de acuerdo a las necesidades de la sociedad española. En este sentido, el vicepresidente del notariado, Joan Carles Ollé, explicó ayer en qué consistía la Ley de Segunda Oportunidad que han aplicado otros países como Alemania, Francia y Bélgica con tan buenos resultados y a la que se refirió en la inauguración de las jornadas.

«Se trata de dar una salida a personas que no puedan pagar su hipoteca y que resulta mucho menos drástica que la dación en pago de la vivienda, que conduce inevitablemente a la pérdida de la misma», añadió. En este tipo de normas, e indicó especialmente la francesa, se intenta buscar soluciones de mediación extrajudiciales y en caso de no haberse encontrado salidas, se promueve acudir a la solución judicial para resolver el asunto. «De esta forma, se distinguen distintas situaciones de insolvencia, se pueden encontrar fórmulas como el aplazamiento del pago del capital, pequeñas quitas o situaciones de carencia para evitar la pérdida del piso, pero también en caso de pérdida de vivienda se opta por buscar soluciones como el arrendamiento y, finalmente, si llega la insolvencia definitiva, se termina con la liquidación del inmueble», propone.

El vehículo para llevarlo a cabo sería una ley, aunque Ollé también abre la posibilidad de reformar el concurso de particulares. Además, pedirían al nuevo Gobierno soluciones a la difícil situación económica en la que se encuentran las notarías y medidas para mantener las actuales estructuras de los despachos.

Denuncia

Historia

– Septiembre 2011: la OCU denuncia el cobro excesivo de notarios y registradores en la cancelación hipotecaria.

– Septiembre 2011: la fiscalía abre una investigación sobre el asunto, todavía en curso.

– 11 noviembre 2011: el Consejo de Ministros aprueba un real decreto para aclarar el asunto.

– 12 de noviembre: la OCU pide «no exonerar a notarios y registradores».