09 de Enero de 2012

Fuente: Expansión.com

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.