14 de Junio de 2011

Fuente: Real Estate Press,S.L.

Desde que estalló la burbuja, se han sucedido distintas etapas en el sector. Hubo grupos que entraron de inmediato en el concurso de acreedores. Fue el caso de Llanera, que ya ha conseguido salir. Otros lograron participar en la primera ronda de refinanciación de sus pasivos. Los bancos aún no se habían percatado de lo que se avecinaba.

Mientras tanto, caían gigantes de nivel nacional como Martinsa Fadesa, a punto de concluir su situación concursal, u otras de menor tamaño y ámbito local como la alicantina Omega Urbacivil, ahora en liquidación. Pero en aquellas fechas, un número importante de empresas lograron renegociar por segunda vez su deuda. Todavía tenían activos que los bancos apetecían y éstos disponían de dinero. Lubasa logró refinanciar una deuda de 1.000 millones de euros. Otras, como Quabit, la antigua Astroc, consiguió reordenar y aplazar el pago de su pasivo. Sedesa y Blauverd, hicieron lo mismo.

Por aquellas fechas, Félix Abánades, presidente de Rayet, que también ha pasado graves apuros para evitar la entrada en situación concursal de Rayet, hizo una advertencia que ha resultado premonitoria : «Si en tres años esto no cambia, lo vamos a tener mal. Los bancos y nosotros.

Promotoras y constructoras están  incumpliendo los ratios que las entidades financieras les marcaron en el último acuerdo y  afrontando la realidad de que no hay negocio.

La entrega de  activos para cancelar deudas tiene un límite para unos bancos y cajas que lo que necesitan es dinero. Por una parte, porque están  inmersos en un proceso de reestructuración para cumplir con los ratios que les imponen las nuevas normas que los regulan. Por otra, porque con su exposición al inmobiliario tienen un lastre  en su balance, al que nadie parece querer poner  remedio.

Blauverd, a través de su cabecera Vent del Maresme ha buscado su solución en el concurso de acreedores. Ezentis Infraestructuras de momento ha optado por la posibilidad que se abrió con la reforma de la Ley Concursal. El preconcurso, figura que usó con éxito Juan Bautista Soler, entre otros y que  permite negociar durante cuatro meses, con amparo judicial, evitando en lo posible llegar a los eternos procesos concursales.

BM3, especializada en obra pública, no ha aguantado la falta de licitación y de pago por parte de las administraciones públicas. Intentó el preconcurso, pero la imposibilidad de saber cuándo va a cobrar de sus clientes principales, especialmente los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, impidió ofrecer un plan de viabilidad a los bancos. A concurso con un pasivo de 100 millones, una cifra que hace unos años se hubiera considerado casi ridícula.

Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante, la principal filial del grupo Santa Ana, también había participado en los procesos de refinanciación de 2009. Pero hace unas semanas no le quedó más remedio que acudir a los juzgados. En sus últimas cuentas tiene una deuda con los bancos de 283 millones.

Nou Temple, la promotora, que ya estuvo en concurso y logró firmar un convenio de acreedores, amenazó la semana pasada con incumplirlo ante la negativa de Banco Caja Castilla-La Mancha de financiarle el final de la construcción de dos urbanizaciones. No llega al millón de euros lo que asegura Nou Temple que necesita para acabar y entregar las viviendas, algunas de ellas vendidas.

Son casos de compañías conocidas que demuestran lo lejos que queda la vuelta a la normalidad  de un sector que, pese a todo, sigue siendo el más importante de la economía valenciana, según datos de KPMG.

Compañías de materiales de construcción, como las hormigoneras de la constructora Franjuán, que también está en concurso, empresas de transporte, como Etrans, dedicada a trasladas áridos y cementos a las obras, incluso hasta firmas como Sakyser, que envasa esos materiales, viven pendientes de los administradores concursales.

Empresas de suministros, madera, hierros y aceros, muebles, tapicería… En las tres últimas semanas, un repaso somero al BOE deja más de 20 empresas, muchas desconocidas para el gran público, otras pequeños imperios comarcales, como el grupo Selma de Segorbe, Moya Cons de La Ribera, Inversiones Bononat de Benidorm… La lista se completa con muchas compañías que están en procesos de liquidación. Otras esperan a la junta de acreedores para aprobar el convenio o no tienen ni propuesta de convenio, con lo que su futuro es nulo.

Y de cuando en cuando aparecen aquellas sociedades que presentaron grandes proyectos de urbanizaciones con golf, como Costa Malvarrosa, que planteó en 2004 un PAI en Xilxes, Castellón, que van a concurso, en el mejor de los casos.

Según los  juzgados mercantiles de Valencia se asegura que los primeros convenios de acreedores que se firmaron están funcionando. Los bancos, menos apurados entonces, se quedaron muchos activos casi en dación de pago. «Lo que está llegando ahora es, en muchos casos, insalvable», afirman desde las salas encargadas de llevar los concursos.

Lo que está por venir no parece muy halagüeño, al menos a corto plazo. Los concursos están afectando cada vez a empresas más pequeñas, ahogadas por los impagos de las más grandes.

La reestructuración del sector financiero, obligado a mejorar su solvencia, ha agravado la falta de crédito tanto a las empresas como a los particulares que quisieran comprarse una casa. Sin demanda, no hay negocio. Y más con el añadido de un parque de vivienda sobredimensionado que, según los expertos, aún se tardará en digerir.